Estos días, se cumplen dos años de una norma que, sin mucho ruido, está cambiando muchas cosas en las políticas públicas y la relación de las empresas con las Administraciones: la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque el bloqueo político de estos últimos años y la escasa capacidad de las Administraciones locales para desarrollar una norma compleja como ésta están retrasando su pleno desarrollo, en los próximos años, los nuevos criterios de adquisición pública van a revolucionar para bien las políticas de sostenibilidad, justicia social, transparencia, innovación o gestión pública.