El Gobierno ha aprobado el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado para racionalizar el uso de la energía en edificios públicos, infraestructuras y transporte y, de paso, asumir “un papel de liderazgo y ejemplaridad” ante las demás administraciones y las entidades privadas. Este plan y otros similares para las Administraciones locales y autonómicas configuran al sector público como una fuente clave de oportunidades de negocio para empresas de “energía verde” que, en los próximos meses, estarán muy atentas a las novedades de las plataformas de contratación pública.
El Plan de Ahorro Energético en la AGE ha sido promovido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y por el de Transición Ecológica y estará coordinado técnicamente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). Movilizará un presupuesto de 1.070 millones de euros con cargo al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Entre otras medidas, el Plan de Ahorro Energético estatal contempla revisar la potencia eléctrica contratada en sus dependencias; impulsar la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo; incluir en toda contratación de la Administración Central medidas de ahorro energético como criterios de valoración y adjudicación; fomentar el uso de la bicicleta y la construcción de aparcamientos para ellas en los edificios públicos; etcétera.
De todos modos, la Administración Central representa sólo una parte de la gestión pública. De las 19.000 entidades públicas que gestionan en España nuestros asuntos públicos, algo más de 8.000 son ayuntamientos, de modo que cualquier medida energética en la Administración Pública debe contar con ellos si quiere tener un impacto sensible. Pues bien, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos para Entidades Locales (PIREP local), permite ya financiar medidas de eficiencia energética en los edificios municipales, la accesibilidad de su parque edificatorio, la calidad de la arquitectura, mejorar energéticamente sus infraestructuras o modificar su movilidad para reducir el uso de combustibles fósiles y la contaminación asociada.
El programa está dotado con un presupuesto de 600 millones de euros, pero, al cierre de la convocatoria, 1.407 entidades locales han presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 2.079 solicitudes de ayuda para programas de mejora energética por valor de 2.010 millones de euros. Al ser una convocatoria en concurrencia competitiva, sólo resultarán elegidas las propuestas que mayor puntuación alcancen hasta agotar el presupuesto según su calidad, solidez, enfoque integral, innovación, oportunidad y gobernanza.
Esto supone que sólo un tercio de los proyectos se llevarán a cabo con este programa financiado con fondos europeos y que forma parte, cómo no, del Plan de Recuperación. Dicho de otro modo: muchos proyectos municipales de ahorro y diversificación energética se quedarán fuera, pero, los seleccionados, al haber mucho donde elegir, tendrán una calidad indudable. Es de esperar en los próximos meses una gran cantidad de licitaciones municipales de proyectos energéticos sostenibles.
Al PIREP Local se suma un Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP autonómico), algo más modesto (480 millones de euros de presupuesto) pero que, con el anterior programa, suma una inversión de más de 1.000 millones de euros provenientes de fondos Next Generation EU. El PIREP autonómico persigue especialmente la rehabilitación del parque edificatorio de titularidad pública y uso público, en la línea de sostenibilidad, inclusión y calidad estética de la Nueva Bauhaus diseñada por la Comisión Europea.
Municipios de reto demográfico
A todo lo anterior hay que sumar el Programa DUS 5000 de ayudas para inversiones a proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico de hasta 5.000 habitantes -6.827 en toda España sobre un total de 8.131-. Los destinatarios de las ayudas son esos pequeños ayuntamientos de zonas rurales que están perdiendo población, pero, también, diputaciones, consejos insulares, cabildos insulares, consejos comarcales, mancomunidades, organismos autónomos dependientes de los anteriores y comunidades autónomas uniprovinciales.
El Programa DUS 5000 financiará proyectos de entre 40.000 euros y tres millones. Está gestionado por el IDAE, que concede las ayudas, de forma directa, a las entidades locales de zonas rurales y a pequeños municipios que quieran dar un impulso al desarrollo urbano sostenible mediante proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, inversiones en autoconsumo, movilidad sostenible, infraestructuras de recarga eléctrica, reducción de la contaminación lumínica o eficiencia en la iluminación pública.
El DUS 5000 cuenta con una dotación presupuestaria de 325 millones de euros y se financiará con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia al estar incluido en el Plan de Recuperación del Gobierno, dado que la transición ecológica y la lucha contra la despoblación son dos de los cuatro ejes que orientan las 10 políticas palanca del PRTR.
Planes autonómicos de ahorro y diversificación
Las administraciones regionales, por su parte, también han comprendido que apostar por medidas de ahorro energético o invertir en planta de autoconsumo fotovoltaico, no sólo reduce las cuantiosas facturas energéticas de los edificios públicos, sino que apoya la economía local, la descarbonización de la economía, la lucha contra la emergencia climática y el desarrollo de las energías más abundantes en nuestro país, las renovables. La Junta de Andalucía, por ejemplo, está trabajando en un paquete de medidas para reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes energéticamente sus sedes y su movilidad.
La Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA) prevé un plan de inversiones que incluye 27 millones de euros financiados con fondos FEDER para mejorar la eficiencia energética en sedes judiciales, hospitales y otros edificios de la Junta.
Otros apuntes del paquete de medidas energéticas que prepara la Agencia Andaluza de la Energía son auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer; agilizar los procedimientos de contratación de estudios energéticos en edificios públicos que permitan optimizar consumos y costes; la ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes; o la adquisición, desde el pasado mes de febrero, de 147 vehículos 100% eléctricos con un coste de 5,2 millones de euros cofinanciados a través del programa MOVES.
Ago.22, 2022 / Rafael Carrasco
