El segundo Informe Anual de Supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha revelado lo lejos que aún se encuentran las entidades públicas españolas de los objetivos y obligaciones que marcan la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Directiva europea de Contratación Pública. Entre otros muchos campos en los que las compras públicas siguen ancladas en el siglo XX, el informe 2020 de OIReScon –publicado a finales de diciembre y que analiza las compras públicas de 2019- critica la falta de una programación en las compras de las entidades que permita a las empresas organizar mejor sus ofertas; la falta de una contratación pública responsable que impulse las políticas sociales, medioambientales y de innovación del sector público y el crecimiento de tres sectores clave de cualquier economía moderna; la escasez de medidas que favorezcan el acceso de pymes a contratos públicos; la insuficiente formación y profesionalización del personal público encargado de los pliegos o las adjudicaciones; o el insuficiente desarrollo de la contratación pública electrónica.
El informe IAS 2020 sugiere que la falta de formación del personal encargado de la contratación pública en sus distintas fases tiene mucho que ver con la falta de desarrollo de la LCSP. A este respecto, “se recomienda la creación de itinerarios formativos dirigidos a la especialización y profesionalización en la contratación pública, así como adecuación de la oferta formativa a la demanda existente, con contenido práctico y no sólo teórico, esencial como herramienta de apoyo al personal en las unidades de contratación”.
El resumen anual de OIReScon lamenta igualmente la dispersión de datos sobre contratación pública y aboga por la unificación en una única fuente de datos –léase, la Plataforma de Contratación del Sector Público– para estudiar y mejorar así las compras públicas, facilitar el trabajo de los órganos de control interno y externo y hacer más accesible la información al ciudadano. Como ya ocurriera en el IAS 2019, por cierto, sigue sin haber datos agregados de la contratación menor del sector público, “no siendo posible su análisis sistematizado”. Un enorme agujero opaco por donde la función pública a la vieja usanza sigue manejando el dinero público con discrecionalidad.
Respecto a la Administración electrónica, el texto concluye que “es preciso fomentar, impulsar y reforzar la implantación e implementación de la contratación electrónica”, y sugiere por segundo año consecutivo que se constituya la sección de contratación pública electrónica del Comité de Cooperación “con el fin de coordinar, uniformar y difundir los medios, sistemas y aplicaciones informáticos existentes” en toda la Administración Pública española y el resto de entidades sujetas la Ley de Contratos del Sector Público. “Asimismo –se lee-, se debería impulsar y fomentar la tramitación electrónica de los órganos administrativos de resolución de recursos especiales en materia de contratación y de los órganos de control interno de gestión económica financiera”.
Igualmente, se recomienda mantener y potenciar mecanismos de coordinación entre las agencias y oficinas encargadas de la prevención y lucha contra la corrupción, así como realizar análisis y guías que orienten la actuación de esas agencias en la detección de posibles fraudes al erario público.
Procedimiento abierto, el rey
En 2019, el 77,65% de la contratación pública se gestionó mediante procedimiento abierto (con un tiempo de tramitación medio de 123 días, algo más de cuatro meses) o abierto simplificado (aquí el tiempo de tramitación baja a 85 días). En ambos procedimientos, la concurrencia supera ligeramente los cuatro candidatos: 4,30 en el procedimiento abierto, y 4,25 en su versión “simplificada”.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon) fue creada en junio de 2018 con la misión de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública.
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Ene. 26, 2021 / Andrea C. Muñoz
