Este verano, la patronal CEOE alertaba sobre el elevado número de licitaciones vinculadas a fondos Next Generation –una de cada 10- que están quedando desiertas, un verdadero despilfarro de recursos públicos y, en muchos casos, subvenciones europeas perdidas porque no hay contrato que subvencionar. Todos los agentes apuntan como causa del problema hacia una inflación de materias que hace ruinosos muchos de esos contratos para las empresas, pero, también, a la falta de realismo de unas entidades públicas demasiado acostumbradas a redactar pliegos sin escuchar a las empresas licitadores.
Citando a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la CEOE considera que este despilfarro de recursos públicos y privados que son las licitaciones desiertas se debe a la escasa dotación presupuestaria de los contratos, agravada por la inflación actual y por las escasas y mal estructuradas consultas preliminares entre los entes públicos y los agentes del mercado. «Esta incertidumbre está dificultando la movilización de inversión privada, al no tener la empresa adjudicataria garantizada la rentabilidad de la inversión», constata la patronal en el Tercer Informe de Seguimiento de los Fondos Next Generation en España, elaborado por la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE.
El informe también resalta que el esfuerzo compartido de las empresas y el sector público constituye una pieza clave en el mejor aprovechamiento de los fondos europeos para que ese dinero llegue a la economía real e insiste en la necesidad de asegurar su impacto transformador, «de forma que tengan un impulso notable para España en términos de empleo y de crecimiento económico».
2.400 licitaciones desiertas en un trimestre, el 11,4% del total
No es la primera voz que urge a las Administraciones Públicas a mejorar sus procedimientos de contratación pública a riesgo de perder importantes oportunidades de financiación europea. Según datos recopilados por Gobierto Contratación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 11,4% de las demandas publicadas en el primer trimestre de 2022 fueron declaradas desiertas. En conjunto, unas 2.400 licitaciones no encontraron adjudicatario final sobre un total de casi 21.000 demandas publicadas en los tres primeros meses del año. Para obras públicas, el porcentaje en ese periodo se “reduce” al 10,2% del volumen total licitado -333 contratos- pero la evolución de porcentajes no deja lugar a la duda: si en 2019 se cifraba el número de contratos de obras desiertos en el 5%, esta cifra se ha ido elevando hasta el 6,6%, 7,0% y -actualmente- 10,2%. Y, desde julio de 2021, han quedado desiertas más de 1.100 demandas de obra publicadas en la Plataforma de Contratación Pública, que no recoge todas las licitaciones de las comunidades autónomas con plataformas de contratación propias, como Cataluña, Euskadi, Andalucía o la Comunidad de Madrid.
Según Gobierto, el constante aumento de los precios y el encarecimiento de las materias primas desde el inicio de la guerra en Ucrania se han trasladado a las licitaciones debido a que los redactores de pliegos no están escuchando el clamor de sus contratistas actuales o futuros. De hecho, esta tendencia de aumento de las licitaciones desiertas, adjudicaciones rozando el presupuesto límite y una menor concurrencia de licitadores ya lo advertía el Estudio Anual 2021 de Gobierto, sobre todo, a partir de la segunda mitad del año.
Siguiendo con los datos de Gobierto para 2022, el porcentaje de contratos de suministros desiertos aumentó en cuatro puntos porcentuales en un año, al pasar del 8,7% del primer trimestre del año pasado al 12,7% actual. En el caso de los servicios, este repunte ha sido de tan solo un punto porcentual, lo que demuestra que la inflación se ha trasladado hasta la fecha a las materias primas, el transporte o la energía y no –o, al menos, no tanto– a los salarios de la mano de obra.
Según Alberto Robles, ingeniero civil del Ayuntamiento de Burgos, “el reto de las Administraciones Públicas no pasa tanto por articular mecanismos de revisión a lo loco. El verdadero reto es sencillo, antiguo y por todos conocido: agilizar la licitación, que desde la redacción del proyecto de obras hasta su acta de comprobación del replanteo no pasen meses, para así tener precios lo más actualizados posibles y no caer en supuestos secuestros intelectuales en las revisiones”.
«Muchas de estas licitaciones –comenta en Linkedin Luis Castel Aznar, director de estudios y contratación en la energética valenciana Monrabal respecto a este informe- se licitan utilizando criterios económicos y técnicos (memorias constructivas, programación, revisiones de mediciones, planes de calidad, SyS, M.A. etc.) que obligan a las empresas a emplear muchas horas de ingeniería en la confección de la oferta para descubrir prácticamente el día anterior a la fecha de licitación que la oferta económica es superior al presupuesto base de licitación (…) por lo que al final del proceso el trabajo de los técnicos de estudios, proveedores, empresas consultoras especializadas en licitaciones y administrativos se pierde inútilmente sin que nadie se vea beneficiado. Es frustrante ver como un trabajo en el que se ha puesto interés y empeño se va a la basura por la falta de adecuación del precio de licitación al mercado».
Licitaciones de jardinería desiertas
Luis Gracia, director de la Escuela de Contratación Pública y autor del podcast Contratación Pública ha hecho un estudio sobre licitaciones en los cinco primeros meses de 2022 en el sector de jardinería, un clásico de la contratación municipal y buen termómetro de las licitaciones públicas en España. Se trata de 747 demandas de gestión de jardines, parques, zonas verdes, arbolado o rotondas por valor de 1.931 millones de euros. La mediana de ofertas que reciben estas licitaciones (la media del número total de ofertas pero excluyendo los valores más extremos) recibe sólo tres ofertas. El número de ofertas que más se repite (lo que se denomina la moda estadística), es «1»: 182 concursos públicos (el 24% del total) sólo recibió una oferta, lo cual da idea de lo accesible de estos contratos.
Quedaron desiertos 33 contratos, el 4% del total, probablemente, porque el precio era inasumible para cualquier operador de este gremio. Puede parecer un porcentaje razonable, sobre todo, si lo comparamos con esos otros porcentajes de dos dígitos que ofrecen AIREF y la CEOE, pero, teniendo en cuenta que estos contratos, con abundancia de lotes y requerimientos no demasiado altos para un gran número de pymes y micropymes, es sorprendente que uno de cada 20 demandas de ayuntamientos o diputaciones no haya encontrado una sola empresa interesada. Como siempre, parece claro que la Administración Pública debe revisar sus procedimientos de contratación, especialmente, durante la fase previa del expediente.
Sept. 08, 2022 / Rafael Carrasco
