El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha editado la Guía Práctica de la Contratación Pública para las PYME con el fin de explicar, en un lenguaje sencillo, que reglas rigen la contratación pública a partir de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que oportunidades ofrece este mercado para los pequeños negocios, cómo prepararse para operar solventemente en un mercado de unos 130.000 millones de euros anuales (el 13 por ciento de nuestro PIB), que documentos hay que tener siempre a mano para no perder ninguna oportunidad y otros contenidos útiles para el desarrollo de pymes, micropymes y autónomos.
El sector público tiene definidas para sus compras unas normas que pueden parecer complejas pero que son claras y perfectamente “aprendibles”, como en cualquier otro mercado. Y las 90 páginas de esta guía pretenden, precisamente, ayudar y animar a las pequeñas y medianas compañías a participar en un mercado de mucho negocio, también, para las “pequeñas”.
“El primer paso es entender el esquema de cómo funciona este negocio –explica la publicación- y de esto trata esta guía. Pero no nos vamos a quedar ahí. En la Guía vamos a ir desmenuzando los siguientes pasos que hay que dar para ponernos en marcha y poder presentar ofertas. Iremos exponiendo ejemplos reales en cada uno de los apartados y así facilitar la comprensión de los diferentes temas”.
Entre otros pasos de ese recorrido por la contratación pública, se recomienda consultar periódicamente la Plataforma de Contratación del Sector Público y se detallan los requisitos que cumplir en diferentes casos. En lo que se refiere a la documentación, y, pese a que ésta se ha reducido considerablemente, se aconseja tener varios “kits de documentos” habituales entre los que no puede faltar el Documento Único de Contratación de la Unión Europea (DEUC), que no es más que una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública. Asimismo, debemos tener siempre a mano la documentación que acredite la capacidad de obrar, la ausencia de prohibición de contratar, la solvencia técnica o la solvencia administrativa.
Una vez que la propuesta resulte adjudicataria, eso sí, se deberá aportar una ingente cantidad de documentos, como la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, las escrituras de la empresa o constitución de los estatutos, además de su correspondiente registro, DNI, NIE o el último recibo del IAE (para autónomos), seguro de responsabilidad civil, los libros de inventarios y cuentas anuales debidamente registradas, registro oficial en el que esté inscrita la empresa, relación de obras ejecutadas en años anteriores, el personal actual y el previsto, el nivel formativo de los directivos, la maquinaria y los materiales que se utilizarán para la ejecución del proyecto, así como comprobantes de dinero en efectivo y avales acreditativos de solvencia económica y financiera.
Según cifras de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), en 2019, solamente 6.355 autónomos y pequeñas empresas fueron adjudicatarios de licitaciones públicas.
Puede descargarse la guía completa pinchando aquí.
Feb.2, 2020
