Puede que sea sólo una casualidad, aunque en asuntos públicos las casualidades rara vez ocurren. Y reconocemos que en ninguna información al respecto ha aparecido la mano de los hoteleros, los taxistas o la patronal de autobuses. Lo cierto es que, en medio de la Navidad y de las noticias sobre comilonas, deseos de año nuevo o el conflicto catalán, se ha colado en los medios un hecho que tiene su trascendencia si se repara en ello: el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado una serie de medidas que se aprobarán en los próximos meses para luchar más eficazmente contra el terrorismo yihadista; entre ellas, la obligación para Uber, Air BnB, BlaBlaCar y compañía de contar con un registro de sus contratos y la identidad de sus clientes. ¿Qué por qué es importante esto? Sigue leyendo y lo comprenderás.
Desde hace años, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Exceltur y otros lobbies que representan a hoteles, campings, pensiones, casas rurales, apartahoteles u hostales presionan a la Secretaría de Estado de Tuismo para conseguir algún tipo de regulación nacional sobre el alojamiento entre particulares que ataje la competencia desleal que, a su juicio, están sufriendo. Manejan argumentos de peso: el hospedaje entre particulares ofrece hoy más camas que la “oferta reglada”, amenazando la supervivencia del sector hotelero, uno de los principales empleadores de nuestro país; el fisco está perdiendo 800 millones de euros al año con estas prácticas alegales; los pisos turísticos degradan la imagen de los destinos turísticos; están encareciendo los alquileres en el centro de las ciudades provocando el éxodo hacia la periferia de los vecinos; fomenta la economía sumergida y el trabajo ilegal…
Pese a esto, a la influencia política del sector hotelero o a la capacidad de presión de los taxistas, ni el Gobierno español ni ningún otro gobierno europeo se ha atrevido hasta ahora a regular este tipo de actividades que parecen gozar del favor de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de otras instituciones con verdadero poder. Tan sólo algunos ayuntamientos y comunidades autónomas han introducido tímidos requisitos legales a algunas actividades de la economía informal, unas pocas normas que no han detenido en absoluto el boom del fenómeno.
Para el “colaborativismo” en alojamiento y transporte, sin embargo, parece que la era de la no-regulación toca a su fin. Ahora, las empresas intermediarias en el alquiler de viviendas y de vehículos con conductor o sin él (no nos olvidemos de Drivy y webs similares) deberán registrar en una base de datos a sus clientes para facilitar la identificación de sospechosos de terrorismo que puedan desplazarse por nuestro territorio. Conviene recordar que la célula yihadista que atentó el pasado verano en Barcelona y Cambrils se alojó de forma anónima, durante meses, en una casa ocupada de Alcanar (Tarragona), seguramente, para pasar desapercibidos a la policía. Pero ese mismo anonimato puede conseguirse en cualquier ciudad de España echando mano de alguna web de alojamiento entre particulares.
Ocurre que ese agujero en el trabajo policial casa muy bien con los intereses de las empresas y asociaciones enemigas de Uber, BlaBlaCar, Air BnB y compañía. Muy probablemente, alguno de los sectores perjudicados por la “competencia desleal” de estas actividades (o su consultora de lobby, más bien) ha tenido la feliz idea de desviar el foco regulatorio desde la Secretaria de Estado de Turismo, la Secretaria General de Transporte o la CNMC (donde poco o nada han conseguido en el último lustro) hacia el Ministerio del Interior y los partidos firmantes del pacto anti-yihadista acordado por los partidos mayoritarios en 2015. Dicho de otro modo: han sabido conectar con las prioridades de los actuales gobernantes para vencer su habitual resistencia a regular sobre todo lo que tenga que ver con la economía informal.
De confirmarse la estrategia, sería la primera gran victoria a nivel nacional de los hoteleros, taxistas, «autobuseros» y algunos otros sectores de la economía tradicional contra las empresas y actividades de la denominada economía colaborativa, que hasta ahora, crecían sin parar gracias a la falta de regulación y a la complicidad de buena parte de la sociedad que ve en esas aplicaciones posibles ingresos en caso de necesidad.
Porque la medida de identificación anunciada por el ministro Zoido tiene su miga. A partir del registro en la web intermediaria entre particulares, la mano de Hacienda estará mucho más cerca y, cuando se fijen impuestos y tasas por cada transación entre particulares –que se fijarán- una parte de la oferta se retirará, se encarecerán los servicios en general y, en definitiva, se reducirá la competencia desleal que según muchos ejercen estas actividades colaborativas. ¿Exagerado?
Montoro reclama su parte
El pasado 30 de diciembre, mientras toda España preparaba la cena de Nochevieja, el Ministerio de Hacienda publicaba en el BOE un real decreto de inspección tributaria, según el cual, desde este 1 de enero, los intermediarios en el uso de viviendas con fines turísticos deberán trasladar a Hacienda datos de los alquileres que se realicen a través de su página web, incluso, si ejercen este papel sin cobrar. Para no dejar lugar a dudas, la norma establece que, “en particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso a que se refiere el apartado anterior y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información”.
Las webs intermediarias deberán enviar a Hacienda una declaración informativa que contenga la identificación de arrendador y arrendatario, así como de la vivienda alquilada, el tiempo de estancia y el dinero cobrado en la transacción. Para poder llevar a cabo este registro, quienes alquilen su casa en Airbnb, Home Away y compañía estarán obligados a conservar una copia del documento de identificación de las personas que se alojen en ellas, como ocurre ahora en todos los hoteles. Portavoces de Air Bnb ya han advertido al diario Cinco Días que no cederán los datos personales de sus clientes amparándose en la directiva comunitaria de Protección de Datos. “Esta indica que los datos personales son aquellos que identifican a una persona y que están sujetos a leyes de protección y privacidad muy estrictas”, advierten las fuentes de Air BnB, que señalan que solo cederán datos personales si la petición se realiza a través de la Justicia. “La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido”, aseguran.
A estas alturas, ¿alguien piensa que es casual esa relación entre economía colaborativa y lucha anti-terrorista?
