En los últimos años, han surgido docenas de iniciativas de coworking público, esas oficinas sin paredes donde emprendedores y micronegocios comparten ideas y un lugar de trabajo. Están de moda, y todo ayuntamiento desea tener en su municipio espacios de este tipo al servicio de la comunidad emprendedora, incluso, allí donde la iniciativa privada ya está ofreciendo ese mismo servicio, pero, el público, a un coste inferior o, incluso, gratis. ¿Deben existir este tipo de iniciativas a las que parecen tan aficionados ciertos ayuntamientos y diputaciones? Nuestra opinión es que estas propuestas, en general, constituyen una indeseable competencia desleal pagada con dinero público, pero creemos que las Administraciones Públicas pueden hacer mucho para facilitar el acceso de emprendedores a un espacio de trabajo que favorezca su proyecto. Eso sí, nuestra opción no permite el corte de cinta tan querido por nuestros políticos.
Es una tendencia creciente en los micronegocios de medio mundo: unirse a personas en situación profesional parecida en espacios sin paredes que fomentan el intercambio y la creatividad. Según estimaciones del informe Global Coworking Survey, que elabora el portal alemán Deskmag, a finales de 2019 podían existir unos 26.000 «coworks» en todo el mundo, cifras que, tras dos años de pandemia y de restricciones a la movilidad, se han reducido, según algunas fuentes, hasta los 19.000. En España, hay 1.484 espacios registrados como coworkings, según el informe El Estado del Coworking en España 2021-2022, elaborado por Coworking Spain, el portal de referencia de este sector en nuestro país.
Pese a que estas cifras apuntan a un sector consolidado que se sitúa en el tercer cajón mundial, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania, docenas de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos han incluido la creación de coworkings públicos en sus políticas de apoyo al emprendimiento o a la innovación. En Zaragoza, por ejemplo, existen hoy tres espacios de titularidad pública compitiendo con los coworkings privados de la capital aragonesa pero con precios muy inferiores -a veces, simbólicos-, una situación que dificulta consolidar unos negocios en los que sus responsables se juegan su patrimonio. Es el caso de La Colaboradora de Zaragoza Activa, un espacio del Ayuntamiento maño “donde una comunidad colaborativa de 100 personas trabaja en sus proyectos empresariales, sociales o creativos con el único requisito de pago de intercambiar ideas, servicios y conocimiento a través de un banco del tiempo”.
Incluso, en Barcelona y Madrid, con una oferta de 800 espacios de co-trabajo para todos los presupuestos, las instituciones públicas no han dudado en buscar una utilidad fácil a algunos de los muchos inmuebles vacíos de que disponen sin pensar demasiado en la distorsión que provocan en un sector emergente o en la conveniencia de destinar dinero público a cubrir un servicio que ya oferta la iniciativa privada y a precios ajustados. Es el caso del Espai Jove Casa Sagnier, en Barcelona capital, o de Citylab, otro coworking público, éste, promovido por la Generalitat de Catalunya y ubicado en la populosa ciudad de Cornellá.
En Madrid capital, tres viveros de empresas de la agencia municipal Madrid Emprende (Vicálvaro, Vallecas y Carabanchel) ofrecen coworking gratuito durante seis meses a emprendedores recientes o en fase de lanzamiento. La Nave de la Innovación aloja en una torre con excelentes vistas al barrio de Villaverde a emprendedores y start-ups de sectores relacionados con smart cities, e-salud y biotech, sostenibilidad, bioeconomía, economía circular y edTech o tecnología educativa. Para la historia quedan otras dos iniciativas de oficina gratuita por cuenta de la Real Casa de la Villa (los «coworks» del Centro Cultural Ciudad Pegaso y del Centro Cultural de Entrevías), abiertos en una ciudad con más de 300 espacios de este tipo y cerrados en 2015 y 2017, respectivamente, sin apenas demanda.
Desde 2019, igualmente, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) dispone en el barrio de Tetuán de E-Social Hub, un espacio de coworking de 300 metros cuadrados con 32 mesas de trabajo donde alojarse por una cuota de 50 euros por persona y mes para empresas, y gratuito para autónomos.
Alicante capital, Orihuela, Benissa, Elda, Santa Cruz de Tenerife, Getafe, Leganés y otras muchas ciudades de toda España han visto cómo sus ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas abrían viveros de empresas y espacios de coworking con precios simbólicos o gratuitos que abocaban a la ruina a cualquier competidor privado, como ha denunciado reiteradamente la Asociación de Espacios de Coworking. Por no hablar del escaso atractivo de estos espacios entre la comunidad emprendedora y su gestión manifiestamente mejorable….
Críticas y soluciones
Casi todos los gestores privados de espacios de trabajo ven todo esto como una inaceptable competencia desleal financiada, además, con dinero público. Es el caso de Javier Vidal, consultor de coworkings por toda España: «Siempre he creído -explica- que el sector público debe resultar una alternativa para los ciudadanos que necesitan un servicio que el sector privado no puede proporcionar».
Algunas voces, sin embargo, están pidiendo al sector público algo más que dejar de distorsionar un sector puntero que funciona razonablemente bien y que, por sus características, activa otros negocios. «La solución que promovemos desde la Asociación Europea de Espacios de Coworking –explica Ramón Suárez, presidente del lobby continental y fundador del Betacowork de Bruselas– es la promoción desde los poderes públicos por la parte de la demanda y no de la oferta. En lugar de abrir espacios públicos que siempre van a hacer competencia desleal sufragada con dinero público, lo que deberían hacer es dar cheques de coworking a utilizar en cualquiera de los centros existentes en la ciudad o en algunos que quieran hacer algún tipo de descuento».
“Los coworkers recibirían una beca destinada a cubrir la cuota o una parte de la misma del espacio de coworking que elijan libremente según sus preferencias y que participe en el programa –añade Marc Navarro, fundador del conocido Crec barcelonés y una de las voces más autorizadas en el sector del «cowork»-. Cada usuario podría disfrutar de esa ayuda durante un periodo y cuantía concretos. Iguales para todos. El proceso estaría supervisado por la Administración”.
El cheque-coworker, por un lado, y el descuento adicional ofrecido por los espacios firmantes del convenio estándar con el Ayuntamiento o la Diputación de turno permitirían a muchos más freelancers, emprendedores o profesionales de todo tipo acceder a un espacio de trabajo de calidad a precios «low cost», eso sí, durante un tiempo limitado. Pero, con esta sencilla medida, lejos de distorsionar un sector de la economía, lo activaría con medidas que tampoco exigen demasiado presupuesto público. El descuento por parte de los coworkings adheridos al programa podría aplicarse al tiempo que se hace efectivo el cheque-coworker o, posteriormente, al acabarse la subvención, para encadenar así ayudas al emprendimiento durante un periodo más amplio que permitiese al coworker asentar su negocio.
Es el caso del Ayuntamiento Las Rozas que ha creado el bono coworking de Las Rozas Innova, una subvención mensual de 150 euros para gastar durante seis meses en uno de los 12 espacios de trabajo compartido de este municipio de la Sierra de Madrid. De este modo, la corporación roceña pone a disposición de sus emprendedores y microemrpresas un espacio con un ambiente de negocio idóneo, y los coworkings de la zona ven en Las Rozas Innova un aliado generador de clientes. Y todo ello, sin invertir dinero en una infraestructura que no hay que construir, adaptar o mantener.
En la misma línea, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha lanzado el Programa de ayudas “Cheque-Emprender”, dirigido a facilitar a las pequeñas empresas de nueva creación su primera ubicación en espacios de coworking privados o en centros de empresas situados en la capital alavesa. La subvención será del 50 por ciento del alquiler neto del local, con un límite por empresa beneficiaria de 1.500 euros, y, aunque el programa tiene una dotación presupuestaria modesta, se considera un modelo de apoyo público al emprendimiento sin violar normativas de competencia.
El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, ha impulsado un sistema de becas-coworking para facilitar el arranque empresarial o profesional durante seis meses en las instalaciones de Espacio Convento, y además de un lugar de trabajo confortable y colaborativo, los coworkers cuentan con el apoyo de tutores.
Ago. 18, 2022 / Rafael Carrasco
