Los recientes escándalos sobre compras de mascarillas, guantes o vacunas nos retrotraen a esa época en la que un solo telediario podía tratar una docena de chanchullos político-financieros con adjudicaciones irregulares. De esa época procede la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), una norma ambiciosa que ha cambiado para bien los negocios públicos en nuestro país. ¿O no? Si la actualidad no nos demuestra lo contrario, podemos concluir que la LCSP y sus controles funcionan aunque, eso sí, hay que repensar la contratación de emergencia.

Este verano, la patronal CEOE alertaba sobre el elevado número de licitaciones vinculadas a fondos Next Generation –una de cada 10- que están quedando desiertas, un verdadero despilfarro de recursos públicos y, en muchos casos, subvenciones europeas perdidas porque no hay contrato que subvencionar. Todos los agentes apuntan como causa del problema hacia una inflación de materias que hace ruinosos muchos de esos contratos para las empresas, pero, también, a la falta de realismo de unas entidades públicas demasiado acostumbradas a redactar pliegos sin escuchar a las empresas licitadores.

El Gobierno ha aprobado el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado para racionalizar el uso de la energía en edificios públicos, infraestructuras y transporte y, de paso, asumir “un papel de liderazgo y ejemplaridad” ante las demás administraciones y las entidades privadas. Este plan y otros similares para las Administraciones locales y autonómicas configuran al sector público como una fuente clave de oportunidades de negocio para empresas de “energía verde” en los próximos dos años.

Los coworkings están de moda, y todo ayuntamiento desea tener en su municipio espacios de este tipo al servicio de la comunidad emprendedora, incluso, allí donde la iniciativa privada ya está ofreciendo ese mismo servicio, pero gratis (o casi). ¿Deben existir este tipo de iniciativas? Nuestra opinión es que se invertiría mejor el dinero público facilitando a determinados emprendedores, freelancers y microempresas el acceso a coworkings privados que ya existen mediante el denominado "cheque-coworking".

La Plataforma de Contratación del Sector Público está alertando de un nuevo fraude dirigido a empresas adjudicatarias de contratos en fase de formalización a las que ciberdelincuentes que suplantan la identidad de la propia plataforma o de entidades adjudicadoras requieren vía correo electrónico el depósito en una cuenta bancaria de la garantía definitiva del contrato. Esta forma de “phising” puede suponer a la empresa pérdidas de muchos miles de euros dado que el importe de la garantía definitiva suele ascender a un 5% del contrato y, en casos especiales, hasta un 10%.

El segundo Informe Anual de Supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha revelado lo lejos que aún se encuentran las entidades públicas españolas de los objetivos y obligaciones que marcan la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva europea de Contratación Pública. El informe 2020 de OIReScon critica la falta de una programación en las compras públicas, la falta de una contratación pública responsable o la escasez de medidas que favorezcan el acceso de pymes a contratos públicos.

La apuesta por la Administración Electrónica va en serio porque ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y mejora la motivación y el rendimiento de los empleados públicos. La décima edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos ha servido para intercambiar experiencias y conclusiones sobre una Administración Pública más eficiente, sencilla, accesible y, ante todo, electrónica. Presentamos algunas de las iniciativas más interesantes de innovación en servicios públicos.

La Guía Práctica de la Contratación Pública para las PYME explica que oportunidades ofrece este mercado para los pequeños negocios, cómo prepararse para operar solventemente en un mercado de 130.000 millones de euros anuales o que documentos hay que tener siempre a mano para no perder ninguna oportunidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a 15 conocidas empresas una multa de 118 millones de euros por formar un cártel para monopolizar contratos de infraestructura ferroviaria de Adif, y, por primera vez, ha activado el procedimiento de no contratación con la Administración Pública contra todas estas firmas. La CNMC pretende acabar con los cárteles creados por grandes empresas para monopolizar la contratación pública, una práctica que según el propio regulador supone sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales al presupuesto público

Estos días, se cumplen dos años de una norma que, sin mucho ruido, está cambiando muchas cosas en las políticas públicas y la relación de las empresas con las Administraciones: la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque el bloqueo político de estos últimos años y la escasa capacidad de las Administraciones locales para desarrollar una norma compleja como ésta están retrasando su pleno desarrollo, en los próximos años, los nuevos criterios de adquisición pública van a revolucionar para bien las políticas de sostenibilidad, justicia social, transparencia, innovación o gestión pública.