Durante 14 años, 15 empresas -entre las que se encuentran Cobra, Siemens, Elecnor, Alstom, Isolux o Comsa- crearon varios cárteles en las licitaciones de trenes convencionales y de alta velocidad. En los concursos relacionados con la electrificación de líneas de alta velocidad, por ejemplo, y según la resolución del regulador, 13 empresas adoptaron acuerdos fraudulentos para “quedarse” con 24 concursos públicos entre 2008 y 2016 con un importe total de 837 millones de euros.
En mayo de 2019, la Dirección de Competencia de la CNMC volvió a incoar expediente sancionador contra 51 empresas y asociaciones empresariales por repartirse contratos públicos y privados en el sector de residuos y limpieza, el conocido como cartel de la basura. Entre las compañías incluidas en la investigación figuran las filiales del ramo de FCC, Sacyr, Ferrovial o Urbaser. Este mismo mes de enero, el diario on line El Independiente publicaba que el organismo regulador ya tiene lista la resolución del expediente, pero ha decidido suspender su aprobación hasta que la Audiencia Nacional resuelva los últimos recursos presentados por las compañías expedientadas y así evitar que una sentencia posterior a la resolución tumbe todo el procedimiento por segunda vez. Se da por hecha una multa histórica para los grandes grupos de construcción y servicios españoles.
En octubre pasado, el mismo diario El Independiente publicaba que, “según fuentes conocedoras del estado del proceso (…..) la CNMC consideró demostrada una práctica concertada global de las compañías que servía para respetar los clientes respectivos y no quitárselos unas a otras; un reparto de los nuevos clientes según iban apareciendo, el intercambio de información sensible; el reparto de las licitaciones públicas presentando ofertas conjuntas o no compitiendo en algunas licitaciones para luego subcontratar parte de los servicios; la coordinación de las actuaciones a través de asociaciones empresariales…”
En julio de 2019, la Comisión, nuevamente, abrió un expediente sancionador contra 13 empresas al haber “detectado prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el reparto de las licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento”. Entre las compañías de la construcción expedientadas se encuentran Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr. La apertura de este expediente supuso la inspección de sedes, entre el 17 y 20 de diciembre de 2018, de Elsamex, Ferrovial Servicios y su filial Ferroser Infraestructuras, Aceinsa Movilidad y Audeca.
La ´mala praxis´ en licitaciones privadas también cuenta
El pasado mes de octubre, el organismo que preside José María Marín Quemada, desmantelaba un cártel de 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial creado para manipular licitaciones privadas de empresas energéticas y petroquímicas y ha vuelto a pedir a Hacienda que excluya a estas firmas, en los próximos años, de todo proceso de contratación pública.
Las sanciones al cártel de empresas -entre las que destacan Duro Felguera o Sacyr- se elevan a 54,26 millones de euros. Pero, además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas del cártel –con la excepción de las acogidas al Programa de Clemencia de la CNMC- queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público.
Las empresas y personas afectadas han contestado esta última sanción con el argumento de que los acuerdos sancionados afectaron a contratos entre compañías privadas, pero la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) tiene en cuenta la mala gestión de “compliance” o cumplimiento normativo de la empresa como criterio de exclusión de la contratación pública.
El mensaje de Competencia es claro y, salvo cambio de rumbo inesperado en la cúpula del regulador con el nuevo Gobierno, todo indica que el organismo que preside José María Marín se ha propuesto profundizar en un papel más activo en la limpieza y la transparencia de la contratación pública. De hecho, la CNMC ha descubierto prácticas anticompetitivas que perjudican al sector público en licitaciones tan diversas como la fabricación de pañales, la gestión de residuos, los servicios informáticos o las mudanzas internacionales.
Ene.9, 2020
